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Ametller Origen lleva a Naturalistes de Gelida y a seis activistas de StopAgroparc a los tribunales: querella penal por calumnias y demanda civil por protección del derecho al honor de 215.000 euros.

20 de noviembre de 2026 por
Administrator

La Plataforma StopAgroparc alerta que Ametller Origen presenta una querella penal y también una demanda civil contra la asociación Naturalistes de Gelida —una de las tres entidades que apoyan la plataforma— y cuatro personas que ya están querelladas penalmente. En conjunto, las acciones incluyen una querella penal por delito de calumnias contra seis activistas y una demanda civil por vulneración del derecho al honor con una reclamación global de 215.000 euros y la retirada de publicaciones. No es un conflicto aislado: es una ofensiva judicial contra la libertad de expresión y contra la defensa ambiental y del territorio.

El caso

Ametller Origen recuperó en 2021 el macroproyecto agroindustrial Agroparc, que concentraría un centro de producción y distribución en más de un centenar de hectáreas, en parte en zona protegida. La iniciativa reactivó StopAgroparc, que en su primera etapa ya contaba con el apoyo de Bosc Verd y Unió de Pagesos, y a la que se unió Naturalistes de Gelida. Desde sus inicios, activistas y entidades han llevado a cabo una campaña de oposición con herramientas de participación pública: enmiendas a instrumentos urbanísticos, charlas informativas, dictámenes técnicos, y, cuando ya no ha habido ninguna otra opción, litigación administrativa.

La comunicación pública realizada por parte de la plataforma StopAgroparc y de Naturalistes de Gelida—la asociación que ha litigado en los Tribunales contra los instrumentos urbanísticos de implementación del macroproyecto, al no tener personalidad jurídica la plataforma— ha sido siempre constructiva, rigurosa y basada en hechos objetivos y en opiniones técnicas expertas en materia de protección de la fauna y flora, urbanismo, gestión de aguas, movilidad y derecho.

Vía penal

Josep Ametller, a título personal, ha interpuesto una querella contra seis activistas por un delito de calumnias —atribución falsa de hechos delictivos— por cuatro frases incluidas en una publicación del 17 de octubre de 2025 en la cuenta de Instagram de StopAgroparc, en la que se cuestionaba la actuación de la Administración. Las frases son: «Ametller Origen puede saltarse la ley», «A pesar de las advertencias y medidas cautelares, la Generalitat y el director general de Medio Ambiente miran hacia otro lado», «Continúan excavando dentro de una zona protegida. Sin autorización efectiva. Sin medidas compensatorias» y «A un vecino no le dejarían levantar una pared. A una empresa privada le dejan destruir un hábitat protegido. Nos preguntamos por qué no todos somos iguales ante la ley», y a continuación se pedían adhesiones a un manifiesto dirigido a las administraciones.

La querella fue admitida a trámite en mayo de 2026; en julio de 2026 el CEO declaró como perjudicado, el 19 de noviembre de 2026 se realizaron las declaraciones como investigados de los activistas ambientales.

Vía civil

Poco tiempo después, las sociedades UNPASMES S.L. y Ametller Origen S.L. presentaron una demanda civil por vulneración del derecho al honor por la globalidad de la campaña pública de oposición al Agroparc, por daños y perjuicios derivados de la paralización de las obras de construcción del macroproyecto y por pintadas en establecimientos del grupo. El grupo reclama 215.000 euros globales a Naturalistes de Gelida y cuatro activistas, más la eliminación de publicaciones en redes sociales, blog y canal de YouTube de StopAgroparc y en las redes sociales de los activistas. La demanda fue admitida a trámite en julio de 2026 y, a principios de septiembre, los activistas presentaron alegaciones y pruebas de descargo. En los próximos meses el Juzgado señalará la vista previa.

No es un caso aislado: litigación para intimidar el activismo

En su defensa, los activistas han planteado que las acciones de Ametller Origen no son un fenómeno aislado sino que se enmarcan en la tendencia internacional de litigación estratégica contra la participación pública (SLAPP): demandas diseñadas no para ganar procesos legítimos, sino para agotar recursos económicos y psicológicos y disuadir el activismo. La UE aprobará en 2024 una Directiva anti-SLAPP que obliga a los Estados a hacer que los tribunales detecten este fenómeno; aunque el plazo de transposición ha pasado, aún no se ha transpuesto al ordenamiento estatal, lo que no impide que los tribunales deban detectar este tipo de procedimientos y juzgar en consecuencia.

Un caso especialmente paradigmático

El caso es paradigmático porque afecta a un grupo empresarial que ha construido la marca sobre valores de respeto al territorio y al medio ambiente; porque ataca por doble vía—penal, con penas de prisión, y civil, con reclamaciones económicas inasumibles para una entidad ambiental o un activista individual—; y porque pretende que los activistas no solo limiten la comunicación pública hecha hasta ahora, sino que se abstengan de continuar la campaña crítica contra el macroproyecto. Actualmente en Cataluña, existen otros procedimientos similares, como la querella interpuesta por Griñó Ecológico S.A. contra GEPEC y determinados activistas y periodistas, por haber destapado un entramado dedicado al tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia. Estos casos no se pueden analizar como un conflicto particular, sino como un fenómeno social y sintomático de la respuesta que se recibe cuando se fiscaliza la actividad de las empresas privadas en sus actuaciones en el territorio. Las sentencias que se dicten en cada uno de estos casos generarán un precedente o “techo” de la participación pública y de la libertad de expresión del activismo ambiental, en un momento histórico en que este está más justificado y es más necesario que nunca.

Roda de premsa als Jutjats de Vilafranca del Penedès


Ofensiva judicial de Ametller contra Naturalistas de Gelida y 6 miembros de StopAgroparc